Quizás te interese saber que unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada para garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven arbitraria y poco publicitada.
Los criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.
Antes del 2008, se requería que el estudiante agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora suelen distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un número mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin incluir distinciones entre carreras.
La Complutense o la de Sevilla piden que el alumno de primer curso apruebe al menos una asignatura para poder seguir en esa titulación y permiten agotar hasta seis convocatorias de examen por materia. En Sevilla hay solo 19 afectados de 64.000 alumnos. Su vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, defiende que las normas sean distintas entre universidades, como ocurre con las notas de corte o los criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya existen, es absurdo cambiarlas. El incremento de precios aprobado parasegundas, terceras y cuartas matrículas [en las que el alumno paga hasta el 100% del coste] ya es bastante persuasivo ”, señala Revuelta.