Pasados diez meses desde su entrada en vigor efectiva, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha dado mucho o poco que hablar, según las expectativas que cada cual tuviera. No ha habido episodios escandalosos ni se ha producido la estampida pronosticada por algunos. En la práctica, el modelo europeo se va extendiendo por el mundo, como acaba de revelar la edición 2019 del Data Privacy Benchmark Study publicado por Cisco. El porcentaje de compañías que todavía no cumplen con la mayor parte de sus requisitos se queda al borde del 60%, pero este grupo empieza a percibir las ventajas de cumplirlos. Este es sólo un juicio genérico, porque dos realidades corren paralelas, como se verá.
Es relevante que un número creciente de organizaciones destinen cada vez más recursos al cumplimiento de esta norma, pero mientras tanto se van produciendo brechas de seguridad que, de no atajarse efectivamente, podrían crear una sensación de impunidad.
Se dirá que diez meses es poco tiempo para sacar conclusiones en materia tan sensible. Y es cierto. Pero no lo es menos que una de las consecuencias de la aplicación de la norma es que las empresas no sólo sienten la presión de las autoridades responsables sino también la exigencia creciente de los usuarios, concluye el estudio de Cisco.
El RGPD resuelve formalmente una buena parte de las inquietudes precedentes. El 59% de las compañías dicen cumplirlo [el estudio se basa en una encuesta a 3.200 profesionales en 18 países] y el 29% que así lo hará antes de fin de este año. Un 9% considera que le llevará más tiempo y un 3% que no es pertinente. En el caso de España, esta conclusión difiere de otros análisis, al parecer superados en pocos meses: el grado de cumplimiento sería del 76%, siete puntos porcentuales por encima de Reino Unido, doce puntos si se compara con Francia y a gran distancia del 58% alemán.
De hecho, el RGPD tiene consecuencias globales, incluso allá dónde la legislación europea no tiene por qué cumplirse, pero sí pueden llegar las eventuales sanciones. Mención especial merece el caso de Estados Unidos con un 57% de cumplimiento: muchas empresas han optado por tender un cordón sanitario en torno a sus actividades transatlánticas, antes que exponerse a sanciones que, llegado el caso, podrían calcularse como cuota de su negocio mundial.
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