Tras casi un año de suspensión en España, Uber ha cambiado de estrategia y busca la profesionalización de sus conductores para lograr encajar dentro de la legislación española, al tiempo que se ha ofrecido a negociar con las administraciones públicas.

En concreto, la compañía ha lanzado un manifiesto en el que propone “crear una regulación única, en la que no existan limitaciones en el acceso a la actividad y que se base en una serie de principios que podría adaptarse con éxito al contexto español” al tiempo que podría “ayudar a mejorar la movilidad en las ciudades e incrementar el empleo en el corto plazo”.

Con este paso, Uber pretende pasar a tener una actividad más profesionalizada en España, no tan libre como el servicio UberPop, sino que sus conductores tendrán licencias y serán profesionales, eso sí, aboga por unas licencias más amplias y flexibles que las actuales.

En un informe la compañía explica que, ante las regulaciones estatales y autonómica, se compromete “a trabajar junto al Gobierno y otros agentes para actualizar la regulación de transporte que regula las licencias de vehículos con conductor (VTC). Actualmente, la regulación española es una de las más restrictivas de Europa, permitiendo sólo una licencia VTC por cada treinta licencias de taxi, y exigiendo que todos los operadores de VTC operen con una flota mínima de siete vehículos”.

En concreto, en cuestión de licencias, Uber establece un sistema que obligue a los conductores de este tipo de servicios de ridesharing (compartir coche) a disponer de una licencia válida, que éstos envíen una solicitud a la plataforma para poder ser un conductor antes de entrar en el servicio y que la compañía que le acredite se encargue de verificar la documentación del conductor.

Defiende que la modernización de la normativa de VTC puede generar más de 30.000 nuevos empleos, ofreciendo una solución a muchos de los españoles que actualmente están desempleados, lo que podría tener un impacto de hasta 650 millones de euros anuales para el Estado Español en concepto de subsidios al desempleo, políticas de empleo y recaudación fiscal.

Seguridad para el cliente

Uno de los argumentos de los taxistas ante que cualquier usuario pudiese ser conductor de Uberpop era la seguridad del cliente, ahora, la compañía propone que las empresas de ridesharing descarten a “aquellos solicitantes cuyos datos y/o antecedentes no cumplan con los estándares requeridos. Por ejemplo, si son demasiado jóvenes, si el vehículo es demasiado antiguo o si tienen antecedentes penales”.

Al hilo de esto, establece que “los conductores deben haber pasado una verificación de antecedentes, tener un seguro válido y sus vehículos deben ser aptos para circular” además, “debe disponer durante un período mínimo de tiempo, del registro de viajes del conductor para que la policía pueda acceder a dicha información”.

Sobre la competencia y pagos

Uber ensalza el poder del smartphone y entre sus medidas para “proteger a la competencia” -es decir, al taxi-,  establece que sus vehículos no podrán aceptar trayectos de peatones directamente en la calle con lo que siempre tendrá que ser a través de la aplicación móvil.

Al tiempo, la compañía considera que este tipo de compañías “deben contribuir a acabar con la economía sumergida gracias al pago electrónico y a la eliminación de las transacciones en efectivo”, por lo que colaborarán con la administración cuando esta requiera información legítima acerca de la actividad de sus usuarios.

Fuente: El Economista

Ver también: “Uber quiere reconciliarse con España” y “Los taxistas de Nueva York demanda a la ciudad por la expansión de Uber

Autor: Miriam Arroyo (Marketing de Servicios)